LEGAL
¿Por qué debo documentarme acerca de las leyes vigentes?
Porque el marco legal otorga legitimidad, establece límites éticos y define obligaciones para quienes comunican temas técnicos. En Venezuela, leyes como la Ley de Protección de Datos Personales y la LOCTI contribuyen a que el contenido educativo en ciberseguridad no solo sea informativo, sino también compatible con principios de soberanía digital y protección ciudadana. Además, alinearse con estándares internacionales favorece la interoperabilidad y el reconocimiento externo de las iniciativas locales.
Porque sin acceso al conocimiento legal, los ciudadanos se vuelven vulnerables ante abusos digitales, brechas de seguridad y desinformación. Educar sobre derechos digitales permite que las personas reconozcan cuándo están siendo vigiladas, discriminadas o manipuladas en entornos virtuales. Conocer la ley empodera: transforma al usuario pasivo en un ciudadano digital activo que puede exigir transparencia, ejercer control sobre sus datos y participar en decisiones tecnológicas con criterio.
Porque el uso del marco legal permite que el contenido académico sobre ciberseguridad esté respaldado por principios de ética, derechos digitales y políticas públicas relevantes. En contextos universitarios como el IUNP, incorporar leyes nacionales (como la LOCTI, la Ley de Infogobierno, o normas sobre protección de datos personales) promueve una formación crítica, fortalece la legitimidad del material, y potencia la articulación entre conocimiento académico y acción institucional. Además, abre oportunidades para desarrollar investigaciones, proyectos y alianzas interinstitucionales con bases normativas claras.
Porque muchos riesgos digitales —como el robo de identidad, la manipulación algorítmica o el uso indebido de herramientas de vigilancia— tienen consecuencias legales concretas. Un blog que informa desde la legalidad puede alertar sobre prácticas inseguras, divulgar normas de uso responsable, y fomentar la ética tecnológica. Este enfoque previene acciones que puedan comprometer a los usuarios o a las instituciones que promueven tecnologías sin una base normativa sólida.